La Contraloría General de la República identificó importantes irregularidades en el Programa de Alimentación Escolar de Junaeb, entre ellas pagos por servicios no acreditados, multas sin cobrar y deficiencias en la supervisión de los contratos. Según expuso la contralora Dorothy Pérez ante una comisión investigadora de la Cámara de Diputados, se detectaron 35 pagos que superan los $209 mil millones sin los ajustes definitivos correspondientes.
Los antecedentes corresponden a una revisión del funcionamiento del programa entre 2019 y 2024, período en el que también se advirtieron modificaciones contractuales sin los controles necesarios y situaciones relacionadas con raciones de alimentos que no habrían sido entregadas.
Otro dato preocupante es que el 82,6% de las observaciones formuladas en una de las principales auditorías todavía permanece sin solución, lo que refleja problemas persistentes en la administración y fiscalización de los recursos destinados a la alimentación de estudiantes.
Frente a estos hallazgos, la Contraloría inició procedimientos disciplinarios y derivó antecedentes al Ministerio Público para determinar eventuales responsabilidades. Paralelamente, la comisión investigadora de la Cámara Baja prepara su informe final sobre las deficiencias detectadas en la gestión de Junaeb.
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