Congreso aprueba nuevas atribuciones para la PDI en procedimientos de expulsión de migrantes

El Congreso despachó a ley una reforma migratoria que permitirá a la Policía de Investigaciones (PDI) solicitar autorización judicial para ingresar a domicilios y detener a extranjeros que tengan órdenes de expulsión administrativa firmes y ejecutoriadas. La iniciativa fue aprobada por el Senado con 37 votos a favor y una abstención, luego de recibir el respaldo de la Cámara de Diputados.

La normativa establece que el ingreso a una vivienda deberá contar previamente con la autorización de un juez de garantía, por lo que no será una facultad de libre aplicación. Además, contempla medidas para facilitar las notificaciones de expulsión, resguardar a niños, niñas y adolescentes y excluir de estos procedimientos a establecimientos educacionales y de salud.

Entre los principales cambios también se incluye el aumento de tres a cinco años del período mínimo de prohibición de reingreso al país para extranjeros expulsados administrativamente y el fortalecimiento del registro de datos biométricos. Durante la discusión parlamentaria, además, se advirtió sobre la necesidad de contar con recursos económicos, capacidad policial y coordinación internacional para implementar adecuadamente las nuevas disposiciones.

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