El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones ingresó a la Contraloría General de la República dos nuevos reglamentos que buscan destrabar la implementación de la denominada “Ley Uber”, normativa que regula a las Empresas de Aplicaciones de Transporte (EAT).
La iniciativa, impulsada bajo la actual administración, apunta a evitar un impacto negativo en el sector y corregir exigencias anteriores consideradas demasiado restrictivas, las que amenazaban con dejar fuera de circulación a gran parte de los vehículos y afectar tanto el empleo como las tarifas para los usuarios.
Entre los principales cambios, destaca el aumento en la antigüedad permitida de los vehículos: hasta 5 años para su primera inscripción y un máximo de 15 años para operar, con excepciones en zonas extremas. Además, se elimina la exigencia de cilindrada mínima, permitiendo el uso de autos más eficientes, y se simplifican las medidas de identificación mediante un código QR visible, junto a los datos del conductor. Estas modificaciones buscan facilitar la fiscalización sin imponer barreras excesivas al ingreso o permanencia en el sistema.
En paralelo, el reglamento también introduce ajustes para taxis y colectivos, con el objetivo de equiparar las condiciones de competencia frente a las aplicaciones. Se contemplan normas similares en antigüedad de vehículos y menores trabas administrativas, como la reducción de plazos para el reemplazo de conductores. La propuesta, respaldada por el Gobierno encabezado por José Antonio Kast, busca formalizar el sector, resguardar fuentes laborales y asegurar un servicio accesible, quedando ahora a la espera de la toma de razón por parte de la Contraloría para su entrada en vigencia.
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