Un informe de la Contraloría General de la República encendió las alarmas en el Congreso tras detectar graves deficiencias en el Sistema de Admisión Escolar (SAE). El documento revela la existencia de más de 31 mil matrículas irregulares, en las que estudiantes accedieron a cupos en establecimientos públicos sin completar el proceso obligatorio, vulnerando los protocolos vigentes.
A ello se suma la situación de 4.521 alumnos que quedaron sin asignación para el año escolar 2024, quedando excluidos del sistema educativo y afectando directamente su derecho constitucional a la educación.
Ante este escenario, la presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara, diputada Mónica Arce, anunció que oficiará al Ministerio de Educación para corroborar las cifras y exigir explicaciones sobre el seguimiento de los casos afectados. Además, solicitará antecedentes sobre eventuales sanciones a la empresa operadora del sistema y coordinará fiscalizaciones con la Superintendencia de Educación.
En paralelo, parlamentarios de oposición calificaron el SAE como un “fracaso completo” y demandaron una reforma estructural urgente que garantice transparencia, equidad y acceso oportuno a la educación.
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