Este martes entró en vigencia el Decreto 176, que da aplicación efectiva a la Ley “Chao Cables”, promulgada en 2019 pero sin ejecución durante seis años. La normativa obliga a las compañías de telecomunicaciones a identificar, ordenar y retirar los cables en desuso, con el objetivo de mejorar la seguridad, el entorno urbano y la calidad de vida en calles y barrios del país.

Con su publicación en el Diario Oficial, comienza también una etapa de fiscalización activa liderada por la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) en coordinación con los municipios, que podrán exigir planes anuales de retiro a los operadores. La medida, largamente esperada por la ciudadanía, busca eliminar la contaminación visual y reducir riesgos asociados a la acumulación de material en el espacio público.

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