La noche del jueves 10 de abril se tornó trágica en el Estadio Monumental, cuando graves incidentes previos al partido de Copa Libertadores entre Colo Colo y Fortaleza dejaron dos personas fallecidas —una joven de 18 años y un niño de solo 3—, aplastados por una reja perimetral que colapsó debido a la presión de la multitud. Testigos aseguran que un carro lanzagases de Carabineros habría pasado por encima de la estructura caída, contribuyendo al fatal desenlace. La Fiscalía Oriente inició una investigación para determinar responsabilidades, mientras el país entero observa con consternación lo ocurrido.

A pesar del caos y la tragedia, el encuentro comenzó a disputarse, pero fue suspendido a los 65 minutos por el árbitro uruguayo Gustavo Tejera tras una invasión al campo de juego protagonizada por hinchas de Colo Colo. Minutos después, la Conmebol oficializó la cancelación definitiva del partido correspondiente a la segunda fecha del Grupo E de la Copa Libertadores. Como consecuencia directa, el ministro del Interior (s), Luis Cordero, aceptó la renuncia de Pamela Venegas, jefa del programa Estadio Seguro, cuestionada por las decisiones tomadas en la gestión del evento.

La crisis también generó un cruce entre el Gobierno y la ANFP, luego de que esta última emitiera un comunicado lamentando los fallecimientos y exigiendo la pronta implementación del Registro Nacional de Hinchas. El ministro Cordero calificó la postura como “oportunista”, señalando que la ANFP debe asumir sus responsabilidades como organizadora de espectáculos deportivos. Mientras tanto, el Ejecutivo confirmó que la séptima fecha del Campeonato Nacional se jugará con normalidad, incluyendo el Superclásico entre Universidad de Chile y Colo Colo, aunque sujeto a evaluaciones de seguridad. El país se enfrenta ahora a un punto de inflexión respecto a la organización y seguridad de los eventos deportivos.