Terminar con la votación del articulado del proyecto refundido que fortalece el trabajo de las policías y que incluye la legítima defensa privilegiada, en las actuaciones vinculadas al ejercicio de la función policial, fue el objeto de tres sesiones de la instancia de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputadas y Diputados esta semana.

El texto reúne dos mociones que surgieron en octubre de 2022. Ello en respuesta a dramáticos casos de carabineros asesinados en diversas ciudades del país que se desempeñaban en su labor de prevención y fiscalización policial.

La iniciativa busca brindar protección a los policías y gendarmes, aumentando la respuesta del Estado frente a las agresiones que sufren dichos funcionarios. Permite además, que puedan usar su arma letal para repeler ciertas acciones, en casos donde peligre su integridad física, su vida o la de otras personas. Establece para ellos, la legítima defensa privilegiada considerando tres hipótesis objetivas.

En otro ámbito, fija una sanción penal más drástica a los delitos de homicidio, maltrato de obra y lesiones graves contra estos. Actualmente, el homicidio es sancionado con presidio mayor en su grado máximo (15 años y un día a 20 años) a presidio perpetuo calificado (40 años cárcel para acceder a algún tipo de beneficio). Esta penalidad se cambia por presidio perpetuo (20 años de privación libertad para acceder a beneficios) a presidio perpetuo calificado.