Cuenta Pública 2019-2020 del Defensor Nacional, Andrés Mahnke

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Pandemia de Covid-19 y estallido social dejan al descubierto profundas brechas del sistema de justicia procesal penal al cumplirse 20 años de su implementación

Una población penal desbordada, que supera los 42 mil privados de libertad, sumado a un altísimo hacinamiento en los recintos carcelarios del país, que hacen que un interno tenga 5 veces más posibilidades de contagiarse de coronavirus respecto de una persona en medio libre, son algunas de las consecuencias del uso excesivo de la prisión preventiva, como medida cautelar para quienes son imputados por un delito, y que hoy alcanza a niveles cercanos al existente en el “antiguo sistema” que hace 20 años fue reemplazada por la Reforma Procesal Penal.

Éstas y otras brechas preocupantes del sistema de justicia penal fueron las que dejó en evidencia el Defensor Nacional, Andrés Mahnke, en su balance de gestión 2019-2020, el que fue trasmitido en forma virtual vía streaming.

En su recuento recordó que, en reiteradas oportunidades, la Defensoría Penal Pública ha advertido sobre el uso excesivo de la prisión preventiva que ha conllevado una condena anticipada para miles de personas, en circunstancias de que al menos un 50% de estos imputados serán absueltos o bien serán condenados con penas no privativas de libertad.

El Defensor Nacional también se refirió a las movilizaciones sociales iniciadas en octubre pasado, que llevó a la institución a instaurar turnos de defensores penales públicos en las comisarías, lo que permitió atender directamente a las personas detenidas en más de 110 cuarteles del país. Esto dejó en evidencia que un número indeterminado de personas detenidas no llegaban al control de detención, quedando fuera del sistema judicial y su paso por las comisarías tampoco quedaban en algún registro policial.

 “Se trata de una brecha urgente de resolver, porque implica una cifra negra de personas que, eventualmente, vieron vulnerados sus derechos, tal como lo advirtieron en su momento distintos organismos internacionales de derechos humanos que visitaron el país”, dijo Andrés Mahnke.

Desde esa perspectiva, el Defensor Regional del Maule, José Luis Craig destacó el rol que ha venido cumpliendo la Defensoría Penal Pública desde octubre del año pasado y que se relevó en la Cuenta Pública: “Nos ha posicionado como una institución fuerte del Estado, importante, con credibilidad en la gente y con una clara posición de garantes de los derechos humanos”.

Tiempos de pandemia

La defensa de los derechos fundamentales también ha estado presente en la actual pandemia por Covid-19. Desde su llegada a Chile, los defensores penales públicos han recogido en su gestión las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de otros organismos internacionales respecto de la obligación del Estado de proteger la vida, la salud y la integridad de las personas privadas de libertad ante la amenaza de contagio por coronavirus.

En esta misión, los defensores se han abocado a la cautela de garantías fundamentales de los grupos más vulnerables a la pandemia, como son los privados de libertad. En este marco, el 1 de abril pasado inició una acción coordinada, simultánea y continua en todo el país tendiente a presentar recursos ante tribunales para que los privados de libertad pertenecientes a grupos vulnerables -mujeres embarazadas, mujeres con hijos lactantes, personas de la tercera edad y enfermos crónicos- puedan cambiar la prisión preventiva por la medida cautelar de arresto domiciliario total.

Al respecto, el Defensor Regional, José Luis Craig, agregó que “nos ha permitido obtener más de 4.300 personas libres y ello implica libres de un contagio masivo en las cárceles. Eso para nosotros es importante puesto que estamos colaborando con la salud del país en general y con el respeto a la dignidad y derechos de las personas privadas de libertad, que han perdido eso, su libertad, y no su derecho a la salud y a la debida protección que el Estado debe prestar a cada uno de los habitantes de nuestro territorio nacional”.

Autonomía constitucional y  las cifras de la Defensoría

– Autonomía constitucional

A la luz de los últimos acontecimientos, que han puesto a prueba al sistema judicial, el Defensor Nacional dijo que se hacen “urgentes” dos cambios estructurales: la creación de un sistema jurisdiccional de ejecución penal, que garantice el control judicial de todo el procedimiento penal y promueva la reinserción de los condenados; y “la consagración definitiva” de la autonomía constitucional de la Defensoría Penal Pública, “porque resulta esencial que quien defiende derechos fundamentales cuente con un sustento institucional que garantice su plena independencia para velar exclusivamente por los intereses de las personas a las que representa”.

También, buscando un reequilibrio del sistema, Andrés Mahnke dijo que se hace necesario un nuevo Código Penal que permita rebalancear la persecución penal, de modo que no se sancione más duramente ciertos delitos contra la propiedad que aquellos contra la vida.

“Este nuevo texto nos permitirá reestablecer el equilibrio al actualizar la tipificación de las conductas penadas y tener un marco proporcionado de sanciones, acorde al actual reproche social de las mismas, que se haga cargo incluso de nuevas demandas de la sociedad, por ejemplo para castigar adecuadamente los delitos del mercado financiero, informáticos o los llamados ‘de cuello y corbata’, para que en Chile no sigamos encarcelando la pobreza”, enfatizó.

En este sentido, valoró el proyecto que desarrolla el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en la materia y enfatizó que el Estado debe dar prioridad, además, a una política de reinserción social que sea incorporado “explícitamente¨ en la Constitución, con una posterior institucionalidad adecuada a este objetivo y que cuente con recursos estructurales “que permitan y complementen una actuación en ámbitos de seguridad y control, conjuntamente con la misión y capacidad para llevar adelante los procesos integrales de resocialización de los internos a su cargo”.

La autoridad también aboga por consagrar el derecho a defensa como un elemento central del sistema para ampliar su ejercicio desde el punto de vista del acceso a la justicia y a la consagración constitucional de la presunción de inocencia.

 Las cifras de la Defensoría

Durante 2019, ingresaron un total de 333 mil causas a la Defensoría Penal Pública, de las cuáles un 19,3 por ciento correspondieron a mujeres; un 5,4 Por ciento a menores infractores de ley; un 4 por ciento a extranjeros y un 3,2 por ciento a personas de pueblos originarios.

Con respecto a 2018, el número de causas ingresadas aumentó en un 4,2% rompiendo con ello una tendencia a la baja iniciada en 2012. No obstante, este incremento se debe al estallido social: sólo en octubre el total de ingreso de causas aumentó en un 24,1% respecto del mismo mes de 2018. Hubo incluso algunas regiones en las que esta alza en octubre de 2019 bordeó el 40%.

Sin embargo, en este período hubo una baja cercana al 35% en el número de prisiones preventivas que se decretaron, básicamente por el tipo de delito y la baja prognósis de la pena.

Respecto de la solicitudes de ilegalidad de la detención, Andrés Mahnke informó que entre el 20 y el 28 de octubre de 2019, los defensores penales públicos alegaron esta ilegalidad en el 32,8% de los controles y la petición fue acogida en el 8% de los casos. Precisó que en situaciones de normalidad-como en 2018- las solicitudes de ilegalidad de la detención se realizan en un 10% de las audiencias de control de detención, siendo acogidas por tribunales sólo en un 2,2% de los casos.

En abril de 2020, y frente al alto riesgo de contagio de Covid-19 de la población penitenciaria, los defensores penales públicos desplegaron acciones judiciales, ante los tribunales, solicitando que quienes estuvieran en prisión preventiva pudieran cambiar esta medida cautelar por la de arresto domiciliario total.

A la fecha, se han presentado acciones de defensa a favor de 8.199 personas, lograndose revocar la prisión preventiva de 2.489 internos adultos de grupos vulnerables. En el caso de los menores infractores de ley, las acciones han permitido que 198 adolescentes puedan seguir cumpliendo su internación provisoria en sus hogares.

En materia de libertad condicional, en abril pasado finalizaron las sesiones de las Comisiones de Libertad Condicional de todo el país. De los 3.250 internos postulados, se otorgó la libertad condicional a 1.560, lo cual equivale a un 48 por ciento de éxito en primera instancia.  Luego se acogieron 97 amparos, los que se sumaron a esta cifra, alcanzando 1.657.

En síntesis, estas acciones han permitido que más de 4.300 personas hayan podido abandonar los recintos penitenciarios, lo que representa un 10 por ciento del total de la población penal privada de libertad en el país.

Actualmente, se mantiene pendiente la definición de criterios para la realización de los juicios orales que están suspendidos, especialmente los que involucran a personas privadas de libertad, y que dadas sus características se hace inviable hacerlos apoyados en medios tecnológicos no presenciales.

“Nos encontramos en una disyuntiva central en el ejercicio del derecho a defensa. Una pronta respuesta de la justicia y la no acumulación de actuaciones que saturen en el futuro el sistema, versus el riesgo de una condena de largos años de reclusión en un escenario en que no puede garantizarse el debido proceso al acusado y donde la defensa material –que es el modelo que desde el 2001 ha definido nuestro Estado democrático de derecho, desechando la defensa formal qué por décadas imperó en nuestro país y la región-  no puede desplegarse de acuerdo al estándar y principios que le dan validez al juicio oral”, precisó el Defensor Nacional.