El Ministerio de Justicia confirmó que durante el Gobierno del Presidente José Antonio Kast se han otorgado 56 reducciones de condena a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad. Entre el 11 de marzo y el 13 de septiembre se dictaron 27 decretos vinculados a casos de abuso sexual infantil y otros 29 por violación. El ministro Fernando Rabat defendió la legalidad de las resoluciones, mientras diputados de oposición anunciaron gestiones para interpelarlo en el Congreso.
La controversia se relaciona con la aplicación de la Ley N.º 19.856, que permite reducir penas por buen comportamiento en prisión. Aunque una modificación legal vigente desde febrero de 2022 excluyó del beneficio a condenados por determinados delitos sexuales contra menores, el Ministerio explicó que la Corte Suprema ha establecido que esa restricción no se aplica retroactivamente a hechos anteriores al 9 de febrero de ese año. En los últimos cinco años se han concedido 332 rebajas de condena relacionadas con delitos sexuales, según cifras publicadas por Emol.
Las críticas continúan, mientras el diputado comunista Marcos Barraza evalúa impulsar una interpelación al secretario de Estado y la Defensoría de la Niñez anunció que solicitará antecedentes sobre los criterios utilizados. Desde el Gobierno, el vocero Gonzalo Arenas sostuvo que las decisiones responden a procedimientos legales y no a determinaciones discrecionales. La discusión apunta ahora a revisar los expedientes y las garantías de protección para las víctimas, considerando que estas reducciones de condena son distintas de los indultos presidenciales.
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