Una auditoría de la Contraloría al Programa de Integración Urbana de Campamentos detectó diversas irregularidades en subsidios de arriendo administrados por el Ministerio de Vivienda. La revisión consideró operaciones realizadas entre enero de 2025 y marzo de 2026.
Entre los principales hallazgos figuran 168 beneficiarios que habían fallecido y cuyos contratos demoraron en ser regularizados, situación que habría generado un perjuicio fiscal estimado en más de $110 millones. También se identificaron pagos vinculados a personas que arrendaban a familiares cercanos.
El informe además detectó 19 casos de beneficiarios que mantenían contratos de arriendo con sus propios cónyuges y otros dos que continuaron recibiendo el subsidio pese a haber obtenido previamente una vivienda. En conjunto, las situaciones observadas involucran millonarios desembolsos.
Ante estos antecedentes, la Contraloría instruyó al Minvu regularizar los gastos cuestionados y recuperar los recursos pagados indebidamente. La cartera, en tanto, informó el inicio de un sumario administrativo para determinar eventuales responsabilidades y señaló que los hechos corresponden a la administración anterior.
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