El Gobierno presentó los principales alcances del nuevo estado de excepción constitucional que busca enfrentar el crimen organizado y el terrorismo. Entre las facultades consideradas figura la interceptación de telecomunicaciones, además de restricciones de tránsito, toques de queda y limitaciones a las reuniones en sectores intervenidos.
El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, explicó que estas herramientas permitirán agilizar las investigaciones y fortalecer la acción de las policías y las Fuerzas Armadas en zonas con alta presencia de organizaciones criminales.
A diferencia de los estados de excepción vigentes, la propuesta contempla su aplicación en áreas específicas, como barrios o polígonos determinados, sin necesidad de abarcar regiones completas. La iniciativa forma parte de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo impulsada por el Ejecutivo.
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