Una auditoría realizada por el Comité Estratégico de Auditoría y Revisión detectó que más de $5,4 billones transferidos a fundaciones debían ser rendidos, de los cuales cerca de $1,4 billones aún no cuentan con respaldo que acredite su correcta rendición.
El informe ordenó iniciar investigaciones en cuatro ministerios para esclarecer el destino de esos recursos y determinar eventuales responsabilidades administrativas.
El informe provocó cuestionamientos desde distintos sectores políticos, donde parlamentarios de oposición acusaron al Ejecutivo de intentar desviar la atención de otros temas que afectan al Gobierno.
Mientras algunos legisladores solicitaron que todos los antecedentes sean remitidos al Ministerio Público para garantizar una investigación independiente, también se insistió en que la indagatoria debe realizarse con total transparencia, evitando que el propio Gobierno actúe como investigador de la gestión de recursos correspondientes a su administración.
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