Una investigación iniciada en 2023 a raíz de una denuncia del Servicio Nacional de Migraciones concluyó, hasta ahora, sin evidencias que permitan acreditar la existencia de una red de tráfico ilícito de migrantes. Así lo establece un informe elaborado por la Brigada Investigadora de Trata de Personas Metropolitana de la PDI y remitido al fiscal de Alta Complejidad Centro Norte, Marcelo Carrasco, tras una extensa revisión de antecedentes relacionados con el ingreso de ciudadanos haitianos al país.
La denuncia original sostenía que vuelos operados por distintas aerolíneas y coordinados por agencias de viaje podrían haber facilitado el ingreso irregular de migrantes mediante una supuesta estructura organizada. Incluso se planteó la eventual participación coordinada de actores vinculados a la presentación masiva de recursos judiciales para permitir el acceso al territorio nacional, antecedentes que motivaron la apertura de una investigación penal por el presunto delito de tráfico ilícito de migrantes.
Durante las diligencias, los detectives analizaron la situación de 152 ciudadanos haitianos vinculados a los vuelos cuestionados. El informe confirmó que varias personas fueron embarcadas sin cumplir con los requisitos migratorios exigidos por Chile; sin embargo, los investigadores determinaron que estos hechos corresponden a infracciones administrativas atribuibles principalmente a las aerolíneas. Del total revisado, 25 personas lograron ingresar mediante autorizaciones especiales otorgadas por la autoridad migratoria, mientras que 127 fueron impedidas de entrar al país.
Si bien la PDI concluyó que no existen antecedentes suficientes para configurar el delito denunciado, la causa sigue abierta en la Fiscalía Centro Norte. Entre los antecedentes revisados también figuraban casos de menores haitianos que viajaban sin sus padres o acompañados por adultos sin vínculos familiares acreditados, situación que continúa siendo objeto de análisis. El informe policial representa, hasta ahora, la evaluación más reciente sobre un caso que ha vuelto al debate público tras recientes observaciones de organismos fiscalizadores.
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