El Gobierno de José Antonio Kast enfrenta serias dificultades para concretar su promesa de expulsar a 300.000 migrantes irregulares, debido a que la mayoría de las órdenes de deportación vigentes corresponden a ciudadanos venezolanos.
Según cifras del Servicio Nacional de Migraciones, más de 46.000 personas tienen órdenes de expulsión activas y cerca del 65% pertenece a esa nacionalidad, mientras que el 75% de los migrantes indocumentados en Chile son venezolanos.
El principal obstáculo para avanzar en las deportaciones masivas es la suspensión de las relaciones diplomáticas entre Chile y Venezuela desde enero de 2025, tras la salida del exembajador Jaime Gazmuri y el cierre de los consulados chilenos ordenado por el régimen de Nicolás Maduro.
Desde La Moneda, Kast ha insistido en restablecer vínculos con Caracas para facilitar la recepción de ciudadanos expulsados, aunque hasta ahora no existen señales de colaboración por parte del gobierno venezolano.
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