Un nuevo punto de debate surgió en la Comisión de Hacienda en el marco de la megarreforma tributaria impulsada por el gobierno de José Antonio Kast, luego de que el Servicio de Impuestos Internos (SII) expusiera las facultades que pretende incorporar para combatir el denominado “fraude social”.
El subdirector de Normativa, Simón Ramírez, explicó que el organismo podría requerir y cruzar información nominada de distintos órganos del Estado, incluyendo antecedentes de beneficiarios de programas sociales administrados por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia.
Según lo planteado, la iniciativa contempla la incorporación de un nuevo artículo 85 quáter, que obligaría a dichas entidades a entregar datos de personas naturales para fines de fiscalización tributaria, los que además serían compartidos con la Dirección de Presupuestos bajo estrictas normas de reserva.
La medida apunta a detectar irregularidades como la falsificación de ingresos, mientras que, en paralelo, el proyecto de Ley de Reconstrucción considera una rebaja transitoria del impuesto a las donaciones, reduciendo a la mitad su carga durante 12 meses, con un tope de 25% para montos superiores a 1.200 UTA, equivalentes a cerca de $1.000 millones.
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