La futura ministra de Energía, Ximena Rincón, dejó en suspenso el apoyo al mecanismo impulsado por la actual administración para enfrentar una deuda de US$860 millones que las empresas distribuidoras comenzarían a cobrar a los usuarios a partir de abril. Tras reunirse con el biministro Álvaro García, la próxima autoridad señaló que la propuesta será revisada en detalle, subrayando que el presidente electo, José Antonio Kast, priorizará la transparencia en las tarifas y la reducción de costos para las hogares, sin comprometer respaldo al proyecto en su forma actual.
La iniciativa del Ministerio de Energía que requiere tramitación legislativa contempla aplicar un cargo único de $8 por kWh a clientes residenciales, lo que implicaría un pago promedio de $1.450 mensuales durante cuatro años. El plan incluye un subsidio destinado al 40% más vulnerable, con un costo estimado de $15 mil millones y una recaudación proyectada de $19 mil millones. Esta deuda forma parte de los US$6.000 millones acumulados tras el congelamiento tarifario de 2019 y cuyo cobro fue instruido por la SEC. La falta de definición del nuevo gobierno abre un escenario de incertidumbre tanto para las familias, que podrían enfrentar alzas en sus cuentas, como para las distribuidoras agrupadas en Empresas Eléctricas A.G.
