La denominada “Operación Apocalipsis”, desarrollada por la Policía de Investigaciones (PDI) durante la madrugada de este martes, dejó al descubierto una extensa red de corrupción al interior de recintos penitenciarios del país, liderada por funcionarios de Gendarmería. En el caso del penal Santiago 1, más de 40 gendarmes son investigados por facilitar el ingreso de drogas, celulares, alcohol y alimentos de alta calidad, además de permitir el acceso de visitas indocumentadas que se reunían con integrantes de organizaciones delictuales.
Según los antecedentes recopilados por la Fiscalía Metropolitana Occidente y revelados por CIPER, al interior del penal operaba un verdadero mercado ilegal, donde funcionarios que mantenían contacto directo con los internos cobraban tarifas fijas por distintos “servicios”. Entre los valores detectados se encuentran $350 mil a $400 mil por el ingreso de un teléfono celular, $100 mil por el cambio de módulo, $60 mil por permitir el ingreso de personas indocumentadas o por un kilo de carne tipo huachalomo, además de cobros por alimentos básicos como arroz, atún, tallarines y paltas.
La investigación también reveló que algunos gendarmes ocultaban las especies prohibidas entre sus pertenencias o sobornaban a funcionarios de control para asegurar su ingreso. Incluso, agentes encubiertos constataron que un hervidor cuyo valor comercial era de $15 mil terminó costando $150 mil tras el pago de coimas. Si bien el epicentro de la red estaba en Santiago 1 y en el Centro Penitenciario Femenino de San Joaquín, las diligencias indican que el entramado de corrupción se extendía a otros recintos del país.
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