El alcalde de Talca, Juan Carlos Díaz, manifestó públicamente su preocupación tras recibir una notificación de la Subsecretaría de Prevención del Delito que advierte el retiro de 30 cámaras de televigilancia instaladas principalmente en el casco histórico de la ciudad. La situación se originó por el fin del contrato entre la Subsecretaría y la empresa Ingesmart S.A., vigente desde 2020 y con término el 15 de diciembre, sin que se concretara la cláusula de compra del equipamiento.
Esto permitiría a la empresa retirar la infraestructura en un plazo de 60 días, afectando no solo a Talca, sino también a municipios como Rancagua, San Fernando, Curicó, Linares, Santa Cruz y Chillán.
Ante este escenario, el alcalde envió un oficio a la subsecretaria Carolina Leitao solicitando asegurar la continuidad del sistema mediante su compra y traspaso administrativo a los municipios. Díaz calificó la medida como una señal errada en un contexto donde la seguridad es prioridad nacional, mientras que el diputado Felipe Donoso anunció acciones de fiscalización para impedir el retiro, señalando que perder 30 cámaras equivale a restar el trabajo de 90 funcionarios en terreno. Ambos llamaron al gobierno central a corregir la decisión y garantizar que estas herramientas sigan operativas para resguardar a las familias talquinas.
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