El escándalo por la liberación de Alberto Mejía, sicario ligado a José Reyes Ossa conocido como el «rey de Meiggs» sigue generando repercusiones en el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago. A la suspensión de la jueza Irene Rodríguez y de una primera funcionaria, ahora se suma la de un segundo funcionario administrativo, medida ordenada por la fiscal judicial Clara Carrasco como parte del sumario interno iniciado el 15 de julio. Esta nueva suspensión refuerza el manto de sospechas sobre cómo se desarrolló la audiencia del 9 de julio, en la que Mejía y otros dos imputados fueron liberados.
Mientras la indagatoria interna continúa con un plazo de 30 días prorrogables, la Fiscalía Occidente lleva en paralelo una investigación penal. La jueza Rodríguez ya declaró como imputada y autorizó el levantamiento del secreto bancario de sus cuentas, además del análisis de dispositivos electrónicos. En este contexto, la magistrada optó por ser representada por la Defensoría Penal Pública, anticipando una eventual formalización por prevaricación culposa. Todo indica que el caso podría derivar en sanciones tanto administrativas como penales, marcando un complejo precedente dentro del Poder Judicial.
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