La Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputadas y Diputados inició la discusión de un proyecto de ley que busca sancionar el ejercicio ilegal de cuidadores y acomodadores de autos en la vía pública. La iniciativa pretende recuperar el uso legítimo de los espacios públicos y eliminar los cobros informales por el supuesto resguardo de vehículos, una práctica que, en muchos casos, está vinculada a mafias que se apropian de zonas específicas y operan bajo amenazas o extorsión.
Según el proyecto, las sanciones podrían incluir multas de hasta 10 UTM (aproximadamente $700 mil), e incluso penas de cárcel que van de 60 a 540 días. Los impulsores de la ley argumentan que esta medida busca frenar el crecimiento de estas prácticas irregulares, que afectan la seguridad ciudadana y generan temor entre los automovilistas, quienes a menudo pagan por temor a represalias, sin recibir un servicio real. La propuesta legislativa representa un paso hacia una regulación más estricta del uso de bienes nacionales de uso público.
