Esta semana comenzó el pago de la compensación de $13.722 que beneficiará a más de 191 mil personas vulnerables que reciben la Pensión Básica Solidaria de Invalidez. Este pago es el resultado de un acuerdo judicial alcanzado entre el Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC), la Corporación Nacional de Consumidores (Conadecus) y la cadena de supermercados SMU, en el marco de una demanda colectiva por la colusión de precios de pollo que ocurrió entre 2008 y 2011. El proceso compensatorio tiene como objetivo resarcir a los afectados por este acto de colusión en el mercado de la carne de pollo.

El pago se realizará de manera automática durante todo el mes de diciembre, junto a las pensiones que habitualmente se entregan a los beneficiarios de la Pensión Básica Solidaria de Invalidez a través del Instituto de Previsión Social (IPS). Los beneficiarios no deben realizar ningún trámite adicional, ya que el monto se incluirá automáticamente en su pago de pensión. La mayor parte de los beneficiarios recibirá la compensación entre el 18 y el 20 de diciembre, y todos los pagos estarán finalizados antes del 24 de diciembre, justo a tiempo para las fiestas de fin de año.

Este acuerdo conciliatorio, aprobado por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia en noviembre de 2023, contempla que SMU pague una compensación de 3.438 Unidades Tributarias Anuales (UTA), equivalentes a aproximadamente 2.600 millones de pesos. El proceso beneficiará exclusivamente a los usuarios de la Pensión Básica Solidaria de Invalidez, un grupo de consumidores particularmente vulnerables. En caso de que queden fondos no reclamados después del plazo de pago, estos serán destinados al Fondo Concursable, que financia iniciativas de asociaciones de consumidores.

Es importante señalar que este acuerdo solo involucra a SMU, por lo que las acciones judiciales en curso contra Cencosud y Walmart continúan su tramitación en los tribunales de justicia. La colusión de precios de pollo, que afectó a miles de consumidores, fue condenada en 2020 por la Corte Suprema, que aplicó fuertes multas a las tres cadenas de supermercados involucradas. El pago de esta compensación representa un paso importante en la reparación a los consumidores afectados, especialmente en un contexto económico complejo para las familias chilenas.