En mayo, la Municipalidad de Curicó notificó a los ocupantes ilegales de la toma conocida como «Puerto Príncipe» en Dragones Sur que tenían 30 días para desocupar el terreno de manera voluntaria. A pesar de que el plazo venció el 15 de junio, el desalojo judicial ha sido postergado debido a un recurso de protección presentado ante la Corte Suprema por algunas familias afectadas, tras ser declarado inadmisible en la Corte de Apelaciones de Talca. El municipio instaló letreros para informar a los ocupantes sobre la necesidad de devolver el terreno pacíficamente, pero la ejecución del desalojo se ha visto retrasada no solo por el recurso judicial pendiente, sino también por las malas condiciones climáticas, que podrían poner en riesgo a las familias involucradas.
El director jurídico de la municipalidad, Juan Barrera, explicó que la prioridad inicial era lograr un desalojo voluntario para evitar un conflicto con la fuerza pública, pero ahora se espera la resolución de la Corte Suprema para proceder con el desalojo judicial. Además, señaló que las intensas lluvias en la provincia de Curicó han aconsejado esperar condiciones climáticas más favorables para ejecutar la orden judicial sin poner en riesgo a las familias, muchas de las cuales han ocupado ilegalmente el terreno municipal desde 2022, afectando la calidad de vida de los vecinos del sector.
