Justicia le retuvo la licencia de conducir y aplicó la medida cautelar alternativa de arresto domiciliario nocturno. Los hechos se registraron el 26 de noviembre a las 23:30 horas en la ruta K405, en el kilómetro 5, en la comuna de San Rafael.

Por dicho lugar transitaba un minibús sin pasajeros guiado por Cristián Andrés Sánchez Barraza, de 40 años y de oficio chofer con licencia profesional. Por la misma ruta viajaba un ciclista, de nombre Cristián Jesús Mancilla Urbina, el cual fue colisionado a gran velocidad por el vehículo motorizado, falleciendo debido a las graves lesiones.

Carabineros de la Tenencia de San Rafael fueron advertidos por dos testigos del accidente, los cuales incluso captaron la patente del minibús. Al llegar la lugar, los policías ubicaron de inmediato el minibús que se detuvo en lsa cercanías, deteniendo en flagrancia a su conductor.

El conductor del minibús fue sometido al examen de alcoholemia que arrojó cero, no así el examen de narcotest que detectó el consumo de clorhidrato de cocaína.

Con esos antecedentes, sumado al informe de la SIAT de Carabineros que atribuyó el accidente a una conducción descuidada, el fiscal, Mauricio Rodríguez, presentó cargos criminales por el delito consumado de conducción bajo la influencia de estupefacientes con resultado de muerte, en calidad de autor.

El fiscal exigió la medida cautelar de prisión preventiva por peligro para la seguridad de la sociedad, señalando que, si bien el imputado no registra condenas previas, es un chofer con licencia profesional que puede reincidir en casos similares, sumado a que el delito formalizado está sancionado hasta con 10 años de cárcel.

En contraparte, el abogado, Francisco Prieto, de la Defensoría Penal Pública, respondió que el peritaje de la SIAT no aclara si el ciclista se podría haber expuesto al riesgo de accidente, destacando que el imputado no registra condenas previas y, en dicho contexto, podría cumplir una probable sanción en libertad asistida. En ese contexto, planteó como medidas cautelares la firma quincenal y la prohibición de salir del país.

La jueza, Carolina Rojas, decretó la medida cautelar de prisión preventiva, pero debido al peligro de fuga, además de limitar en tres meses el plazo de la investigación. Luego, atendida la obligación legal, dictaminó una fianza económica y, a petición del fiscal, el tribunal fijó la caución económica en un millón de pesos.

A modo anticipado y también a petición de la fiscalía, la jueza dictaminó dos medidas cautelares en caso de que el imputado recupere su libertad. Se trata de la retención de la licencia de conducir profesional y, además, el arresto domiciliario nocturno.

Ocurre que, 24 horas después de la audiencia, personas cercanas al imputado realizaron la consignación de la fianza económica en la cuenta corriente del tribunal, por lo cual, la misma jueza decretó al libertad del detenido, pero bajo las dos medidas cautelares decretadas en forma anticipada.

A partir de estas decisiones judiciales, la defensa tiene plazo legal de cinco días para apelar a la medida cautelar, ante la Corte de Apelaciones de Talca, donde se podría revisar la legalidad y antecedentes fácticos que tuvo a la vista el tribunal de primera instancia, escuchando también a la parte acusadora.

Fuente; www.diariotalca.cl