Los diputados Felipe Donoso y Juan Antonio Coloma acudieron hasta la Corte de Apelaciones para presentar una querella criminal por el caso fundaciones, Vivienda y Gobierno Regional.
Diputados UDI. Juan Antonio Coloma y Felipe Donoso piden investigación por los delitos de malversación de caudales públicos, fraude al Fisco y tráfico de influencias.
TALCA. El caso fundaciones y transferencias de dineros, donde en el Maule se han visto involucrados la cartera de Vivienda y el Gobierno Regional, ayer sumó un nuevo capítulo. Los diputados Juan Antonio Coloma Álamos y Felipe Donoso Castro (ambos de la UDI) concurrieron hasta la Corte de Apelaciones y presentaron una querella criminal, por los delitos de malversación de caudales públicos, fraude al Fisco y tráfico de influencias, en contra de todos quienes resulten responsables, en el caso que se investiga sobre los contratos con fundaciones y otras organizaciones y traspasos de recursos públicos.
“Tal como lo hicimos en las regiones de Antofagasta, Biobío, Metropolitana, hoy nos estamos querellando en la Región del Maule, porque creemos que el caso de las fundaciones es extremadamente grave”, dijo Coloma.
En el caso del Maule, señaló que “nos vemos enfrentados a una doble situación. Primero la entrega de recursos por parte de la Seremi del Minvu, que el exseremi había sido director jurídico de Urbanismo Social a quien después le transfirió millonarias cifras. Queremos saber cómo están resguardados los recursos, si hay boletas en garantía y cómo se puede cautelar que el trabajo se haya realizado y sino que devuelvan la plata. En segundo lugar, transferencias desde el Gobierno Regional a un sinnúmero de fundaciones que están siendo hoy día investigadas por la Fiscalía”.
El parlamentario insistió en que “nos estamos querellando porque es la única forma de poder llegar hasta el final de las consecuencias, poder pedir diligencias que nos permitan aclarar qué se está haciendo y cómo se puede avanzar en recuperar la plata, en evitar estos desfalcos y en poder cobrar las boletas de garantía si es necesario”. “Aquí hay una red de amiguismo. Las fundaciones no tenían siquiera el giro para las cuales fueron contratadas”, remató.
Por su parte, el diputado Felipe Donoso, afirmó que “es una querella presentada por los casos ocurridos en el Maule, lo que pasó en la Seremía de Vivienda y lo que sucede en el Gobierno Regional, donde se involucra una misma fundación: Urbanismo Social”. Añadió que “no puede quedar la sensación en la comunidad de que va a haber un perdonazo entre políticos, tenemos que avanzar lo suficiente para dar la señal de transparencia a todos los chilenos y maulinos”. “Creemos que salta en evidencia que hay delitos y por eso presentamos una querella”, enfatizó.
GÉNESIS E HISTORIA / El origen de todo esto está radicado en Antofagasta, donde se detectó una vinculación y transferencia de 426 millones de pesos, entre la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, liderada por Carlos Contreras (partido Revolución Democrática, RD) y la fundación Democracia Viva, encabezada por Daniel Andrade (también partido RD). El primero exjefe de gabinete de la diputada Catalina Pérez (también RD) y el segundo expareja de la parlamentaria.
Investigando este caso se detectó otro vínculo de la misma cartera de Antofagasta y la fundación Urbanismo Social y que luego “saltó” al Maule, donde se verificó cuatro transferencias de recursos desde la Seremi de Vivienda, encabezada por Rodrigo Hernández (RD) a la misma organización. Cabe consignar que Hernández, antes de asumir como seremi, era parte de la fundación Urbanismo Social. Al respecto, el ministro del ramo, Carlos Montes, inició una investigación sumaria en la repartición maulina y que luego derivó en la solicitud de renuncia a Rodrigo Hernández y en el comienzo de un sumario administrativo.
En medio de estos acontecimientos, trascendió una carta enviada por la fundación Urbanismo Social, presidida por Pilar Goycoolea, a la gobernadora Cristina Bravo, con fecha 30 de mayo, donde hacía ver que no podrían acceder a la contratación de uno de los tres profesionales recomendados -Javier Ahumada, concejal de Curicó- en el contexto de la ejecución del proyecto “Juntos y juntas nos sentimos más seguros” y para lo cual se asignaron 264 millones 950 mil pesos.
GOBERNADORA / La gobernadora regional, Cristina Bravo ha negado tajantemente haber recomendado o propuesto la contratación de profesionales para la ejecución de dicho proyecto. En todo caso, esto llevó a un grupo de consejeros regionales a recurrir ante la Contraloría Regional del Maule, el 4 de julio, para pedir que se investigue este caso, advirtiendo en su presentación que los profesionales aceptados por Urbanismo Social tienen vínculos personales y familiares con altos funcionarios del mismo GORE, y que se hagan extensivas las indagatorias a otros contratos y transferencias y asignaciones directas de recursos. Lo mismo hicieron a nivel interno, solicitando amplia información a la Unidad de Control del GORE. Con fecha 11 de julio y por orden decretada desde la Fiscalía de Antofagasta, la Brigada de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones llevó a cabo operativos de allanamiento en el GORE, las oficinas en Talca de la Fundación Urbanismo Social y un domicilio particular del exseremi de Vivienda, Rodrigo Hernández.
OTRAS ACCIONES Y MEDIDAS / La querella interpuesta por los parlamentarios se suma a otras acciones iniciadas para investigar en los ámbitos judicial y administrativo. Es así como con fecha 28 de junio, el fiscal regional Julio Contardo informó el inicio de una investigación de oficio por el caso Seremi Vivienda-Urbanismo Social, la que quedó radicada en la Fiscalía de Antofagasta, que fue donde se iniciaron las indagatorias. Además, el 6 de julio, el diputado Jorge Guzmán (Evópoli) acudió hasta la misma Fiscalía Regional, para solicitar que se investigue el caso del Gobierno Regional-Fundación Urbanismo Social y las otras aristas y vínculos que se pudieran detectar en el marco de la investigación.
Por último, cabe consignar que en la sesión de Consejo Regional del martes 18, la gobernadora y presidenta del CORE, Cristina Bravo, informó del inicio de tres acciones: un sumario administrativo para investigar posibles irregularidades y eventuales responsabilidades, otro sumario administrativo para investigar la filtración de documentos desde los sistemas del GORE, y la contratación de un servicio de auditoría externa para la revisión de entrega de recursos mediante la asignación directa del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) del GORE, entre el 2018 y este año.
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