El parlamentario gremialista recordó que “se le había solicitado en reiteradas oportunidades al Ejecutivo esta medida, que había entrado en vigencia en el mes de enero de 2023 cuando comenzó a regir la obligación del IVA, para un grupo importante de servicios”.
Tras aprobarse en la Sala de la Cámara Baja el proyecto de ley que exime del pago del impuesto al valor agregado (IVA) a los comités y cooperativas de Agua Potable Rural (APR), el diputado de la UDI e integrante de la comisión de Agricultura, Felipe Donoso, valoró que se haya avanzado en esta materia “considerando los efectos que tendría la carga tributaria en la administración y financiamiento de los servicios sanitarios rurales, el costo de la vida en el campo y sectores más apartados del país, y el presupuesto familiar de los usuarios, quienes en su mayoría son pequeños agricultores y personas de escasos recursos”.
Sin ir más lejos, el parlamentario gremialista recordó que “se le había solicitado en reiteradas oportunidades al Ejecutivo esta medida, que había entrado en vigencia en el mes de enero de 2023 cuando comenzó a regir la obligación del IVA, para un grupo importante de servicios, de conformidad con lo previsto en la ley Nº21.420”.
“Entre los servicios que se verán más afectados por la nueva exigencia”, añadió Donoso, “se encuentran los comités y cooperativas de APR, cuyos representantes y dirigentes a lo largo de los años han exigido de las autoridades políticas un mayor compromiso con la importante labor social que desarrollan en beneficio de miles de habitantes y pequeños productores de zonas rurales de nuestro país”.
“En ese sentido, el pago del IVA constituye una carga tributaria que aumentaría los costos de la prestación y, en consecuencia, el presupuesto familiar de los usuarios, quienes, en su mayoría, son personas de escasos recursos y pequeños productores que con mucho esfuerzo y trabajo logran reunir el sustento para cubrir las necesidades básicas de sus hogares”, subrayó el representante del Distrito 17.
Finalmente, el diputado Felipe Donoso recalcó que la exigencia del pago del IVA “representaba una dificultad en la administración y funcionamiento de este servicio, pudiendo afectar la disponibilidad del recurso hídrico, el consumo humano y, en definitiva, la observancia de un derecho fundamental -el acceso al agua- en un número significativo de localidades rurales”.
