Luego de diversas diligencias desarrolladas en terreno por una unidad especializada de la Policía de Investigaciones (PDI), la fiscalía local determinó que existen presuntas responsabilidades penales, de dos profesionales, en el cuidado de los perros albergados en el canil municipal de Curicó. Por ello, en contra de ambos se formalizó cargos criminales por el presunto delito de maltrato animal.
Hay que recordar que a mediados de junio del año pasado detectives de la Policía de Investigaciones junto al fiscal jefe del Ministerio Público en Curicó, Miguel Gajardo, se constituyeron en el canil municipal con la finalidad de desarrollar pericias ante un presunto “maltrato animal” del cual sería víctima la treintena de perros que permanecían en el recinto.
Fue en redes sociales que se denunció la precaria situación de vida que llevaban los perros del canil dependiente de la municipalidad de Curicó. Ante ello el fiscal abrió de oficio una investigación en torno a este inmueble y a sus administradores, quienes finalmente en la mañana de este jueves, enfrentaron cargos como presuntos autores de maltrato animal, según confirmó el profesional del Ministerio Público, fiscal Alfonso Yáñez. El profesional recordó que, “en virtud de la investigación de la fiscalía de Curicó, en conjunto con la BRIDEMA (Brigada Investigadora de Delitos Medioambientales) de la PDI, el día 18 de junio del 2020 quedó al descubierto que en dicho canil eran mantenido 36 ejemplares caninos en malas condiciones higiénicas y de salud”.
Sostuvo que en las diligencias “se pudo establecer que los responsables de los cuidados de los animales eran los profesionales (veterinarios del municipio encargados del recinto) que no les brindaron la atención medica debida, causándole con ello daño, dolor o sufrimiento (a los animales)”.Agregó el fiscal que, por ello, “hoy jueves en dependencias del Tribunal de Garantía de Curicó se llevó a efecto la audiencia de formalización de la investigación en contra de los dos médicos veterinarios de la municipalidad de Curicó, quienes tenían a su cargo el canil municipal”.
Yáñez, precisó que por lo anterior y a petición del Ministerio Público, el Tribunal determinó aplicar la medida cautelar de arraigo nacional, mientras que el plazo de cierre de la investigación fue fijado en 3 meses.