En entrevista con Atentos Chile, el alcalde Javier Muñoz, dio a conocer la existencia de una resolución judicial, emanada desde el Juzgado de Garantía de Curicó, que ordena el desalojo de la toma del terreno ubicado junto al río Guaiquillo, cuya propiedad es del municipio de Curicó.
Se trata de un espacio que desde el 2022 ha sido utilizado con fines habitacionales, en general, por personas de nacionalidad haitiana, sin contar con las respectivas autorizaciones, generando además una serie de molestias a los vecinos que de manera legítima se establecieron en dicha zona (Dragones Sur).
Se estima que, a la fecha, cerca de 200 son las familias que residen en aquel lugar. Curiosamente, durante los temporales acaecidos durante el año pasado, las casas ubicadas en dicha toma no experimentaron mayores problemas.
El propio alcalde de Curicó, recordó que el arribo de las primeras familias ocurrió “poco tiempo antes de que finalizara” el segundo Gobierno del Presidente Sebastián Piñera. En tal contexto, se conversó de aquello con el delegado presidencial provincial de la época, quien, dijo Muñoz, respaldó las acciones que en ese momento se estaban realizando destinadas a concretar el desalojo de ese espacio. “Cuando se fue (el delegado que había designado el anterior Presidente), ahí el tema murió. Tuvimos que retomar el tema con las nuevas autoridades, se armó una mesa de trabajo, la cuestión se dilató y al final ellos dijeron que no iban a hacer nada, que ellos no podían”, recalcó el jefe comunal.
VÍA JUDICIAL / Desde el municipio, dijo Muñoz, se procedió a dar curso a acciones “por la vía judicial”, teniendo novedades el pasado 7 de febrero, cuando la Tercera Sala del Juzgado de Garantía de Curicó dictaminó el desalojo “en el más breve plazo” de la toma ubicada en la zona surponiente de la citada comuna, acción que se debe ejecutar “con el apoyo de la fuerza pública”. “Por la vía judicial, hace pocas semanas atrás, acabamos de lograr que el tribunal se pronunciara respecto del desalojo y por lo tanto hoy día tenemos que hablar con el delegado provincial (José Patricio Correa), él es quien autoriza el desalojo finalmente de cualquier territorio”, acotó el alcalde.
REUNIÓN / Si bien por la cantidad de personas vinculadas a dicho terreno, el propio jefe comunal indicó que “no es llegar y lanzar” a la vía pública a quienes allí residen, lo concreto es que el fallo judicial es bastante claro respecto al procedimiento que se debe ejecutar. “Tendremos que coordinar con la autoridad de Gobierno el desalojo”, dijo.
“Estamos pidiendo una reunión formal (con el delegado presidencial provincial) para hacer las coordinaciones respectivas”, cerró Muñoz.
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