Fue detenido por la PDI y el Juzgado de Garantía de Talca decretó su internación en un centro cerrado para menores infractores.

Que nadie se salva de la delincuencia hace rato que es una realidad y, para ejemplo, fue el grave delito que afectó la vivienda particular de un abogado de la Defensoría Penal Pública de Talca, quien ejerce desde que comenzó la Reforma Procesal Penal como defensor de imputados y, en dicha calidad, ha participado en connotados casos criminales como contraparte de fiscales y abogados querellantes.

La fiscal, Gabriela Vargas, especialista en investigar delitos contra la propiedad, explicó ante la jueza, Marta Asiaín, del Juzgado de Garantía de Talca, que los hechos se remontan al 22 de enero pasado y que afectaron a una vivienda ubicada en un sector residencial de Talca.    La fiscal explicó que hasta dicho lugar -a plena luz del día- llegaron dos sujetos con apoyo probablemente de un tercero a bordo de un vehículo. Los peritajes de la Brigada Investigadora de Robos (BIRO) de la PDI de Talca determinaron que los delincuentes forzaron rejas metálicas y postones incluyendo una ventana que tenái sguro por dentro, para finalmente ingresar a la vivienda.

Desde el interior de la casa estos antisociales sustrajeron numerosas especies de valor, con un millonario avalúo, entre ellas, un televisor de 60 pulgadas, ropa, herramientas y otros artículos, para luego escapar por el frontis de la casa.    Ocurre que el dueño de casa fue alertado por una alarma de una empresa de seguridad y llegó a su hogar en no más de 10 minutos, pero el delito ya se había consumado. Tras ello, como cualquier ciudadano, este abogado defensor acudió ante la PDI para formalizar la denuncia, cuyos detectives se constituyeron antirrobos se constituyeron en el sitio del suceso.

La fiscal Vargas subrayó que, entre otros indicios, destacó una huella dactilar que levantaron los peritos del Laboratorio de Criminalística (LACRIM) de la PDI de Talca, arrojando 20 coincidencias y, de todos ellos, finalmente la identidad de un sospechoso al cotejar con los datos del Servicio de Registro Civil.

Era un menor 17 años que le falta poco para cumplir la mayoría de edad pero que, a pesar de ello, tiene numerosas condenas y causas penales vigentes. Los detectives allanaron su vivienda con orden judicial y no encontraron ninguna de las especies robadas, pero sí un lápiz con una inscripción que fue sustraído desde la casa de una doctora que sufrió el mismo delito.

La fiscal indicó que el imputado registra seis condenas y una orden judicial pendiente porque Gendarmería informó que no cumplió una última sanción en libertad vigilada especial por un delto de robo. Con estos antecedentes, la fiscal presentó cargos criminales por los delitos de robo en lugar habitado y receptación. Luego, atendida las condensa previas y causas pendientes exigió la medida cautelar de internación provisoria. Con oposición de otro abogado de la Defensoría Penal Pública, la jueza acogió la petición y ordenó el ingreso del imputado al Centro de Internación Provisoria (CIP-CRC) ubicado entre Talca y San Clemente, para luego limitar en 45 dísa el plazo de la investigación.

La fiscal adelantó que prontamente formalizará al mismo imputado por otros dos robos en lugar habitado a parir de peritajes de huellas, mientras la defensa tiene plazo legal de cinco días para apelar y solicitar que la Corte de Apelaciones de Talca revise la legalidad y antecedentes fácticos de la medida cautelar.

Fuente: www.diariotalca.cl