“Una vez que se aperture La Laguna se buscará la forma progresiva de poder recuperar ese espacio, porque el Estado de Chile se comprometió con los vecinos de Talca”, afirmó Luis Cordero.

“Para que la gente se haga una impresión de lo que está pasando, hay que saber que, en los últimos 16 meses, el número de personas privadas de libertad en el país, ha aumentado un 20%, principalmente, en prisión preventiva. Chile tiene una capacidad penitenciaria de 42 mil personas y, actualmente, estamos con cerca de 53 mil”.

“Se han construido cárceles nuevas, pero seguimos administrando el plan de infraestructura penitenciaria que viene desde el gobierno del Presidente Ricardo Lagos”.

¿Le preocupa ese porcentaje de personas en prisión esperando juicio?

“Esto no es menor, porque desde la puesta en marcha de la reforma procesal penal, el sistema de justicia había invertido la tasa que existía en el sistema penal antiguo, llegando al 80% de condenados y 20% en prisión preventiva”.

¿Y por qué se dio vuelta este escenario en tan poco tiempo?

“Los datos apuntan a tres causas. La primera es que existen criterios más flexibles para otorgar la medida cautelar de prisión preventiva, es decir, los jueces están otorgando más prisiones preventivas que antes. La segunda se debe a las modificaciones legales que han establecido marcos jurídicos más rígidos, con agendas cortas. Y la tercera es la reducción de los beneficios penitenciarios en la ley 18.216 de penas sustitutivas”.   Pero en tribunales se ve incluso a personas con tres condenas que igualmente reciben penas sustitutivas.

 ¿A su juicio no es suficiente?

“Pero antes el total era de 8 mil personas con penas sustitutivas y el número se va reduciendo. Y recordemos que esto tiene que ver con los requisitos. Es decir, no estoy diciendo que esto sea bueno o malo, sino que explica por qué en tan poco tiempo, tengamos más personas en prisión preventiva”.

¿Qué acarrea este fenómeno?

“Ocurre que si se llevan a cabo cambios a la política criminal a través de ese tipo de modificaciones legales, siempre se deben tener a la vista los impactos que se producen en el sistema penitenciario, porque a algún lugar tienen que ir esas personas”.

¿En qué se traduce en la práctica?

“La cárcel de Talca es un muy buen ejemplo. En un año, el número de ingresos nuevos es de 700 personas. Es algo que no se había visto. No hay registros previos de esa magnitud. Y eso tiene un gran impacto, porque la sobrepoblación o el hacinamiento penitenciario tiene efectos concretos.

¿Qué les dice la experiencia?

“Primero que hay un uso muy intensivo de la infraestructura penitenciaria, lo cual hace que se degrade más rápido. Y el efecto es que las condiciones de habitabilidad no son dignas. Además, las posibilidades de reinserción están más limitadas, no por recursos, sino porque reparar módulos requiere su evacuación y eso es muy complejo en un centro penal con sobrepoblación. Es un esfuerzo casi titánico”.

¿Cómo se define la situación en la cárcel de Talca?

“Es claramente una situación de sobrepoblación muy significativa, por cuanto existe derechamente un caso de hacinamiento importante, sumado a una situación claramente deficitaria”.

¿Es parte del diagnóstico la actual ubicación de la cárcel de Talca en pleno centro de la ciudad?

“Es más bien una tendencia. Todos los centros penitenciarios que están en el centro de las ciudades, tienen en común su antigüedad. En Talca, el Estado ha hecho un esfuerzo para disponer del nuevo complejo penal de La Laguna, el cual está terminado y esperamos terminar de habilitar el próximo año. Estamos licitando el sistema de operaciones por vía de concesiones”.

¿Qué va a implicar su apertura con poco más de 2.500 plazas?

“Va a permitir descongestionar bastante, pero no nos va a suplir un problema más estructural que tenemos. Además, aquí pasa otra cosa bien problemática: cuando se deterioran las condiciones de habitabilidad, se afecta doblemente a quienes están privados de libertad, ya que también se impacta su dignidad como seres humanos. Pero, además, también se hacen muy difíciles las condiciones laborales de quienes trabajan al interior de las cárceles”.

¿Y la actual cárcel en la Alameda de Talca será desmantelada?

“Hay claramente un compromiso que excede a este Gobierno y que es del Estado de Chile. Pero también le expliqué al alcalde de Talca y él fue muy receptivo, en cuanto a que una cosa es la inauguración del complejo penal de La Laguna y otra cosa es cómo resolvemos los temas de sobrepoblación. Y en ello, la situación de la actual cárcel de Talca es clave. Y claro, una vez que se aperture La Laguna, se buscará la forma progresiva de poder recuperar ese espacio, porque el Estado de Chile se comprometió con los vecinos de Talca y su municipalidad. Pero también el alcalde fue muy comprensivo en cuanto a que estamos ante una situación especialmente crítica, en estos momentos de sobrepoblación. Y en la medida que se vaya normalizando el sistema penitenciario, por cierto que esa obligación el Estado de Chile la tiene que cumplir con los vecinos de Talca”.

¿Qué está haciendo el Gobierno?

“La pregunta es más bien qué hace el Estado de Chile, porque la manera de abordar estos problemas es con políticas públicas permanentes. En el caso de La Laguna, si la podemos inaugurar prontamente es por lo que hicieron dos o tres gobiernos anteriores. Es como un encadenamiento de esfuerzos. Estamos apurando la habilitación de La Laguna, pero también hay que tomar conciencia que cuando se construye el discurso de seguridad, se debe mirar en el largo plazo”.

¿Qué significa este criterio?

“No basta con pensar que se resuelven los problemas de seguridad metiendo a las personas en la cárcel, sino que se deben dar oportunidades concretas de reinserción. De hecho, el problema que tiene la sobrepoblación y el hacinamiento es justamente que la segregación se hace imposible. Y cuando no hay reinserción efectiva, las tasas de reincidencia son muy altas. Entonces, hay que dejar de pensar en el corto plazo y uno tiene que mirar en el largo plazo. Y en esa perspectiva, es claro que la mejor inversión en seguridad para el país es evitar que las personas vuelvan a delinquir”.

¿Y cómo se logra ese objetivo?

“Se hace buscando mecanismos de reinserción efectiva. Eso no lo hace solo el Estado. Se requiere también la participación activa de la sociedad civil, donde también es relevante la acción en materia educativa y del sector privado. Lo digo porque la reinserción tiene que ser en trabajos estables”.

¿Qué labor se realiza en específico con las mujeres privadas de libertad?

“Estamos impulsando programas piloto. El 9% de las personas privadas de libertad son mujeres, esto es el doble que en otros países de América Latina. Y sus particularidades apuntan, primeramente, a que el delito más recurrente es el tráfico de drogas. Esto no es porque sea un asunto común, sino porque está asociado a la generación de ingresos con el transporte de drogas. Otros delitos son aquellos contra la propiedad”.

¿Cuál es el perfil de las mujeres privadas de libertad?

“Sabemos que más del 90% ingresaron a la cárcel siendo jefas de hogar y un 85% tiene hijos. Es decir, cuando una mujer ingresa a la cárcel, el impacto social y familiar es mucho mayor. Además, las redes de apoyo son complejas, especialmente, cuando sus hijos son muy pequeños. Es decir, hay un aspecto no trivial. Además, la mayoría de ellas quisiera tener un empleo cuando salgan de la cárcel, pero saben que probablemente no las van a contratar porque han estado privadas de libertad”.

¿Y cuál es, entonces, la actividad económica más eficaz para respaldar la reinserción social?

“Sin duda que es el emprendimiento. Porque es una gestión propia que les permite gestionar los horarios de sus familias. Me parece que, cuando hablamos de reinserción, apuntamos a un compromiso de la sociedad en su conjunto. Reitero que la única manera de garantizar seguridad en el largo plazo es teniendo programas de reinserción social efectiva. Porque todos quieren la cárcel y que se construyan más cárceles, pero nadie las quiere cerca de sus hogares. Por ello hay que conjugar el impacto que nos provoca el debate en seguridad con tratar de evitar que las personas que ya enfrentaron la ley vuelvan a reincidir”.

Fuente : www.diariotalca.cl / (por Hernán Espinoza con fotografías de Luis Casanova)