La Fundación Democracia Viva está siendo investigada por un posible fraude al fisco en relación con asignaciones gubernamentales que superan los $400 millones.

La Brigada de Delitos Económicos de la PDI y los fiscales a cargo del caso que protagoniza la Fundación Democracia Viva llevaron a cabo un allanamiento en un departamento ubicado en la comuna de Ñuñoa.  En dichas diligencias no se encontraron rastros de la fundación en el lugar, generando incertidumbre sobre su funcionamiento.

La Fundación Democracia Viva está siendo investigada por un posible fraude al fisco en relación con asignaciones gubernamentales que superan los $400 millones.

La entidad está vinculada a Daniel Andrade, pareja de la diputada Catalina Pérez, quien suspendió sus funciones como vicepresidenta de la Cámara tras conocerse el caso. Los convenios cuestionados fueron suscritos por Carlos Contreras, entonces seremi de Vivienda de Antofagasta, todos militantes de Revolución Democrática (RD).   El hecho que no se encontraran elementos tecnológicos, archivos ni personal en la supuesta sede de la fundación, ha generado sorpresa entre los investigadores. Incluso se esperaba encontrar al menos un letrero que identificara el lugar. Esto ha llevado a cuestionar si la dirección investigada era simplemente una fachada y cómo operaba la fundación en realidad.

Además, se destaca la ausencia de registros de un plan de trabajo para ejecutar los programas asociados a campamentos que fueron financiados con los recursos estatales. También, ha llamado la atención sobre la falta de publicidad por parte de la fundación, a pesar de que en su cuenta de Twitter se define como una entidad que busca promover la participación ciudadana y mejorar la habitabilidad en campamentos.

Las autoridades continúan indagando para esclarecer el funcionamiento y las posibles irregularidades de la Fundación Democracia Viva. Se espera obtener más antecedentes a través de la entrevista que sostendrá el ministro de Vivienda, Carlos Montes, con el fiscal a cargo del caso. Asimismo, se presentaron querellas por fraude al fisco, cohecho agravado, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias por parte de las bancadas del Partido Republicano y la UDI.